El COVID-19 nos ha llevado, en cortísimo plazo, a un cambio de nuestras vidas. Una conclusión que va logrando consenso creciente es que el mundo no volverá a ser el mismo y que el aceleramiento del uso de las tecnologías digitales no será reversible. El teletrabajo, las teleconsultas médicas y educación a distancia son modelos que con las adecuaciones correspondientes llegaron para quedarse.

Si bien el eje de los cambios de paradigmas en educación seguirá estando en los aprendizajes de los estudiantes, no cabe duda de que en el listado de urgentes prioridades que el país deberá atender en educación tendrán que estar invertir intensamente en nuevas tecnologías y en el rediseño de los locales escolares para facilitar el retorno de las actividades presenciales. Al parecer eso no será posible hasta el año siguiente, de acuerdo a lo expresado por el Presidente Vizcarra.

De otro lado, es indispensable hacer una revisión de la forma cómo se pensaba que debía ser la ejecución de los procesos académicos y de gestión. Por ejemplo, si este año debe aplicarse la evaluación de estudiantes que ejecuta la UMC y las evaluaciones de promoción, desempeño docente y de acceso a cargos directivos y jerárquicos. Lo recomendable sería postergarlo para el 2021; más bien hacer algunos estudios que permitan monitorear el funcionamiento de las iniciativas públicas y privadas de educación a distancia. Asimismo, habrá que evaluar los impactos que podría tener, el año siguiente y años posteriores, el desarrollo de plataformas y las inversiones en tabletas y en software educativo en las industrias de producción de materiales educativos impresos.

Si lo que quedaría es una educación presencial con un sustantivo incremento del uso de las tecnologías digitales, habría que definir la conveniencia o no de insistir en priorizar la orientación de algunas reformas en las cuales se ha trabajado cada cierto tiempo pero que en términos de resultados no han mejorado sustantivamente la calidad y resultados de la educación. Hemos diseñado e insistido en una reforma curricular y en programas de capacitación docente muy de arriba hacia abajo. ¿No será que debemos redefinir su concepción y objetivos? ¿No convendría mejor impulsar cambios que vengan de abajo hacia arriba y que expresen una mayor confianza en las escuelas y profesores? Si ese fuera el caso, ¿cómo redefinir la gobernanza?

Y es que, sin desmerecer la mayoría de los esfuerzos que se han hecho en el pasado reciente por mejorar la calidad de la educación, hay todavía mucho por hacer para reducir las brechas de desigualdad existentes entre diferentes grupos poblacionales y regiones. Pero además es urgente elevar la importancia de algunos elementos del servicio educativo de los cuales no hemos dejado de hablar en estos años pero que si hemos descuidado; entre ellos, el desarrollo de las habilidades blandas, el tratamiento de lo socio emocional, un mayor compromiso de la familia, una mayor presencia del aprendizaje personalizado, compartido e integrado.

Todo cambio implica vencer resistencias y convencerse que tiene un costo que asumir. Son dos variables que no habrá que descuidar. Vencer resistencias implica ir consolidando el trabajo que ahora se ha iniciado de una mayor responsabilidad del alumno en su aprendizaje y el involucramiento de la familia. Asimismo, mayores capacidades de manejo de las tecnologías digitales de profesores y estudiantes; de trabajo con metodologías interactivas en los procesos de enseñar y aprender; enfatizar el aprendizaje integrado que combine lo teórico con lo práctico y la formación de actitudes y valores. La lista es larga, pero hay que empezar.

En cuanto al costo de las reformas que el sector educación habrá que ser muy eficiente en las decisiones de en qué gastar. Debemos de tener en cuenta que el 2020 será un año de una caída importante de la tasa de crecimiento económico y que los presupuestos para los siguientes dos o tres años serán muy austeros. Frente a esa perspectiva, la necesidad de un trabajo más estrecho entre los sectores público y privado será indispensable.